El Decreto-ley de 11 de enero de 1937 creó la Comisión Central de Bienes Incautados, pieza clave en la confiscación sistematizada del patrimonio republicano durante la Guerra Civil española.
La Comisión Central de Bienes Incautados: confiscación institucionalizada en la Guerra Civil
El 11 de enero de 1937, el gobierno del bando sublevado, con sede en Burgos, promulgó un Decreto-ley que instituía la Comisión Central Administrativa de Bienes Incautados por el Estado. Este organismo no fue una medida coyuntural, sino el inicio de una política sistemática de confiscación de bienes pertenecientes a personas, organizaciones y entidades consideradas “enemigas” del nuevo orden franquista.
Su creación marcó un hito en la institucionalización de la represión económica durante la Guerra Civil española (1936–1939), y sentó las bases para una política de saqueo legalizado que se prolongaría durante décadas.
Orígenes y marco legal del Decreto-ley de 11 de enero de 1937
El Decreto-ley fue publicado en la Gaceta de Madrid (el Boletín Oficial del Estado del bando sublevado), y otorgaba al Estado “la posesión, administración y enajenación de los bienes incautados a personas y entidades afectas a la rebelión contra el orden legítimo del Estado”, según la retórica del bando nacional.
En la práctica, esto implicaba la confiscación de bienes de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, masones, liberales y simpatizantes del Frente Popular, así como de organizaciones sindicales (UGT, CNT), partidos políticos y asociaciones culturales o educativas vinculadas a la Segunda República.
La Comisión Central dependía directamente de la Presidencia del Gobierno (entonces en manos del general Francisco Franco) y contaba con delegaciones provinciales que actuaban en todo el territorio controlado por el bando sublevado.
Funciones y estructura de la Comisión
Según el texto legal y la documentación conservada en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), las funciones de la Comisión incluían:
- Identificar y registrar bienes incautados,
- Administrar provisionalmente esos bienes (fincas, edificios, fábricas, archivos, obras de arte),
- Proceder a su enajenación, arrendamiento o cesión a entidades afines al régimen.
La Comisión no solo intervenía propiedades privadas, sino también patrimonio colectivo: escuelas laicas, centros obreros, imprentas, bibliotecas populares y sedes sindicales fueron incautadas en masa.
Este sistema operó en paralelo a otras medidas represivas como las depuraciones profesionales, las responsabilidades políticas y los expedientes de represión económica que se intensificarían tras la guerra con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.
Impacto en la reconstrucción del orden franquista
La Comisión Central jugó un papel crucial en la reconfiguración socioeconómica del territorio franquista. Los bienes incautados se redistribuyeron entre:
- Iglesia Católica (muchas propiedades fueron cedidas a órdenes religiosas),
- Falange Española y otras organizaciones del Movimiento Nacional,
- Terratenientes y empresarios afines al régimen.
Este proceso no solo castigaba a los derrotados, sino que consolidaba una nueva élite política y económica leal a Franco. Como señalan historiadores como Julián Casanova (La Iglesia de Franco) y Francisco Espinosa Maestre (La columna de la muerte), la incautación fue un pilar de la “limpieza” ideológica que el régimen pretendía imponer.
Documentación archivística y memoria histórica
Los fondos de la Comisión Central de Bienes Incautados están conservados principalmente en el Archivo General de la Administración (AGA), en la sección “Comisión de Incautación de Bienes”, con más de 20.000 expedientes que incluyen listas de propiedades, inventarios y correspondencia administrativa.
Estos archivos han sido utilizados en investigaciones académicas y procesos de restitución simbólica o patrimonial en el marco de la Ley de Memoria Histórica (2007) y su reforma en 2022, aunque la recuperación material de bienes sigue siendo extremadamente limitada.
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