El 13 de septiembre de 1936, se emitió un decreto por el que se establecía la incautación de «cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos políticos o agrupaciones, así como a cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional, pasando todo ello a la propiedad del Estado». Ya en 1937, se crearon la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA) como centro contrapropagandístico, con el carlista Marcelino de Ulibarri como delegado, y la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, que trataba de recuperar cuanta documentación enemiga fuera posible.
La caída de Bilbao en junio de 1937 significó el comienzo organizado de la incautación de documentos. El 14 de julio se formalizó el proceso con la creación del Servicio de Recuperación de Documentos, encargado de la requisa de documentación en los territorios que iban siendo ocupados por los nacionalistas. El Servicio adquirió rango administrativo cuando un Decreto de 26 de abril de 1938 creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. En enero de 1938, el Servicio de Recuperación de documentos agregó nuevas funciones: la preparación de las pruebas de convicción necesarias para la actuación de la Justicia militar.
En el primer gobierno del General Franco, con Serrano Súñer como Ministro del Interior, se creó, mediante decreto de 26 de abril de 1938, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), un órgano administrativo cuya finalidad era la recopilación de documentación relacionada con personas e instituciones vinculadas contrarias a la sublevación. La DERD englobaba a la OIPA. Por otra parte, la Delegación de Servicios Especiales quedó englobada en la Secretaría Particular del General Franco, siendo ambas Delegaciones dirigidas por Marcelino de Ulibarri. La sede de todos estos organismos se situaba en Salamanca, ciudad donde se ubicaba el cuartel general de Franco.
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