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sábado, 24 de febrero de 2018

alzamiento, preparación del.

Son muchos los historiadores que sostienen que la conspiración militar que condujo a la guerra civil se inició en el momento mismo de proclamarse la República. La realidad, sin embargo, es muy diferente, y así resulta de multitud de hechos. De mejor o peor gana, el ejército aceptó el paso de la Monarquía a la República, y salvo el desesperado ofrecimiento del general Cavalcanti a Alfonso XIII en las postreras horas del antiguo régimen, los militares, los monárquicos y los no monárquicos, no hicieron el menor gesto para impedir que el rey huyese y se diese paso a la nueva situación. No hay que olvidar que fue un general —el general Dámaso Berenguer Fusté, ministro del Ejército, convertido en conde de Xauen por gracia de Alfonso XIII— quien el 13 de abril de 1931 redactó aquel telegrama dirigido a los capitanes generales de las distintas regiones militares, que decía; «Las elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que, por lo ocurrido en la propia Región de V. E., puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales capitales: en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las elecciones. Esto determina una situación delicadísíma que el Gobierno ha de considerar en cuanto posea los datos necesarios. En momentos de tal trascendencia no se ocultará a V. E. la absoluta necesidad de proceder con la máxima serenidad por parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la Patria, que el Ejército es llamado a garantizar siempre y en todo momento. Mantenga V. E. estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a todos absoluta confianza en el Mando, manteniendo a toda costa la disciplina y prestando la colaboración que se le pida al de Orden Público. Ello será garantía de que los destinos de la Patria han de seguir, sin trastornos que la dañen intensamente, el curso histórico que les imponga la voluntad nacional.» No hay que olvidar tampoco que fue otro general —el general José Sanjurjo Sacanell, director general de la Guardia Civil, marqués del Rif por merced del mismo rey— quien, olvidando las prebendas recibidas, se puso con los hombres a su mando a las órdenes del ministro de la Gobernación de la República cuando la República aún no había nacido. No existe, como decimos, rechazo del brazo militar al nuevo régimen. Si algunos —o muchos, es igual— militares hubieran preferido continuar sirviendo a la Monarquía, la realidad es que en su inmensa mayoría no dudaron en prestar promesa de fidelidad a la República. 

Otra cosa es que ciertas fuerzas sociopolilicas, especialmente monárquicas —liberales y legitimistas—, en las cuales figuraban oficiales del ejército de alta graduación, se conjurasen desde el 14 de abril de 1931 para derrocar el régimen republicano, pero tales oficiales se hallaban encuadrados en las aludidas fuerzas a título personal y no como componentes ni representantes del estamento militar. (El golpe de estado del citado Sanjurjo, llevado a cabo el 10 de agosto de 1932, no tuvo más alcance que el de una pirueta circense mal realizada y produjo escasísimo eco —por no decir ninguno— en el ejército.) Tampoco eran militares —y si lo eran no actuaban como tales— quienes en mayo de 1931 habían fundado en Madrid, con intenciones provocativas, un Círculo Monárquico; ni quienes poco tiempo después constituyeron, también en Madrid, la sociedad cultural Acción Española; ni quienes pretendieron boicotear las elecciones de la Academia de Jurisprudencia y del Colegio de Médicos de Madrid, con el propósito de que no saliesen elegidos los candidatos republicanos; ni los monárquicos y falangistas que, encabezados por Antonio Goicoechea, por un lado, y por José Antonio Primo de Rivera, por otro, suscribieron un pacto en agosto de 1934 para restaurar la Monarquía; ni aquel grupo monárquico que recurrió a Mussolini en demanda de armas y de dinero con los mismos propósitos subversivos. Tampoco eran militares —salvo media docena de jefes y oficiales, utilizados como instructores— las milicias armadas de Falange Española y de las JONS y de la Comunión Tradicionalista; ni los hombres vinculados a la Editorial Católica, a la CEDA, a la persona de José María Gil-Robles y a la de Juan March, que tantos esfuerzos hicieron para acabar con la República. No es hasta finales de 1935 cuando el ejército, o mejor dicho, una parte del ejército, en distante connivencia con determinados grupos de presión políticos y económicos, una vez que los distintos gobiernos de centro-derecha habían agotado sus últimas posibilidades de actuación, se lanza abiertamente a conspirar en busca de fórmulas con las que, cuando menos, poder restablecer el orden público, máxima y a veces única aspiración de todo pronunciamiento militar. Son varias las reuniones que en este sentido celebran algunos generales: Goded, Orgaz, Villegas, Fanjul, Ponte. Varela, etc., siendo la más importante de todas ellas la que tiene lugar en Madrid el 8 de marzo de 1936, en casa del agente de Cambio y Bolsa y diputado por la CEDA José Delgado y Hernández de Tejada, y a la que al parecer asistieron —hay diversas versiones sobre quiénes fueron los concurrentes— los generales Franco, Mola, Orgaz, Villegas, Fanjul, Varela, Saliquet, Rodríguez del Barrio, Kindelán y González Carrasco, y el teniente coronel Valentín Galarza. En dicha reunión —según documento, hasta ahora inédito, citado por Ricardo de la Cierva en su libro titulado Franco (Ed. Planeta, Barcelona, 1986)—, los militares congregados trataron de:
«a) Organizar y preparar un movimiento militar que evitara la ruina y la desmembración de la Patria
b) Que el movimiento sólo se desencadenaría en el caso de que las circunstancias lo hicieran absolutamente necesario (tesis de Franco, varias veces repetida durante aquellos meses)
c) Por iniciativa de Mola y decisión de Franco se decide que el movimiento fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada. Después del triunfo se trataría de problemas como el de la estructura del régimen, símbolos, etc.
d) En la reunión se decide la formación de una Junta (en realidad lo que se decidió fue la consolidación y quizá la ampliación de la Junta ya existente), constituida en principio por los generales comprometidos residentes en Madrid: Orgaz, Villegas, Fanjul, Rodríguez del Barrio, Saliquet, García de la Herrén, Kindelán, González Carrasco y Varela. Se admite la jefatura —ya implícita— de Sanjurjo, lo que supondría un nuevo lazo de unión con la UME. La representación de Sanjurjo no recae sobre Varela, como dice Gil-Robles, sino en el inspector general de la primera inspección, Rodríguez del Barrio, suplente de Goded (que ya estaba en Mallorca) para la preparación del alzamiento.» No existe pues, al menos inicialmente, trama civil en la conspiración, independientemente de que algunos prohombres derechistas —Gil-Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, incluso, posiblemente, Alejandro Lerroux— estuviesen más o menos al corriente de la conspiración y, de una forma u otra, hubiesen ofrecido su colaboración para cuando se considerase llegado el momento. Pero ¿cuándo debía considerarse que había llegado ese momento? En los testimonios posteriores de Franco, citados al resumir las fuentes para el conocimiento de esta trascendental reunión —prosigue De la Cierva (op. cit.)—, se citan tres temas fundamentales: el motivo para la sublevación, que sería la disolución, total o parcial, de la Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas, y la imposición de Mola sobre la necesidad de mantener el régimen republicano y la bandera. Franco matiza mucho más estas pretensiones de Mola, con las que el general destinado a Pamplona pretendía recabar la adhesión de numerosos militares republicanos; y aunque contemporiza algo, no le da a Mola garantía alguna sobre las dos pretensiones. Se asignan territorios de alzamiento a cada general: Mola, la sexta región; Saliquet, Cataluña, y Goded, Valencia. Para evitar celos de Goded, Franco rechaza la propuesta de Mola que le brindaba la dirección del movimiento; y todos se ponen de acuerdo en el nombre de Sanjurjo, más manejable. En otra reunión, la Junta discute otra vez los dos planes que se habían trazado en principio ya en el mes de enero para la ejecución del alzamiento. Estos dos planes eran el centrípeto —actuar sobre Madrid desde las provincias— y el centrífugo —apoderarse en Madrid de los resortes del poder e imponer el pronunciamiento a las provincias—. Al principio, la Junta se inclinó por el segundo plan; en la reunión del general Arrando [De la Cierva da este nombre a la que tuvo lugar en el domicilio del citado agente de Cambio y Bolsa José Delgado y Hernández de Tejada] se adopta —sin concretar la fecha— un posible plan mixto, que se confirma en la tercera de las reuniones documentadas, la del 17 de abril, en casa del general González Carrasco.» Aceptada esta versión, que parece la más verosímil, queda pues un tanto empalidecida —aunque no totalmente negada— la participación de la UME, así como la de los monárquicos alfonsinos y carlistas, cedistas y falangistas, si no es como meras fuerzas coadyuvantes sin poder de dirección y de muy escasa operatividad. La conspiración, en un principio, marcha muy lentamente y tropieza con muchas dificultades, a pesar de que los acontecimientos se desarrollan a velocidad de vértigo. A finales de abril, el general Mola, destinado ya en Pamplona, asume, no sin la oposición de algunos de los comprometidos, la dirección de la preparación del alzamiento —a partir de entonces le dan y se da a sí mismo el nombre de «Director»—, valiéndose de los buenos servicios que le brinda y le presta el ya citado teniente coronel Valentín Galarza, apodado «el Técnico» por sus conocimientos y su capacidad para captar y transmitir información. Según lo tratado inicialmente, el movimiento conspirador sólo pretende que se alcen en armas las guarniciones de la Península, desechando la colaboración de las de Baleares, Canarias, Protectorado marroquí y plazas de soberanía española del Norte de África. Más tarde, cuando ya la conjura está suficientemente madura, recordando quizá el mal ejemplo de 1932 y de 1934 —sublevación de Sanjurjo y revolución de Asturias—, los organizadores del golpe cambian de opinión y piensan en la preciosa ayuda que en su momento pueden prestar las tropas legionarias, los regulares y las demás unidades militares profesionalizadas destacadas en Marruecos. La elección de Sanjurjo como jefe supremo —según deja entrever el citado De la Cierva— tenía más carácter formal y honorario que material y de hecho, pues todos los conspiradores son conscientes de las veleidades de este general y del ridículo que hizo cuando en 1932 se alzó en armas contra el régimen que él había ayudado a traer. Hasta los últimos días de mayo no es aceptada plenamente la jefatura de Mola, mientras que Franco, destinado en Canarias, aunque al corriente de la marcha de la conspiración, adopta una actitud un tanto pasiva. La obligada estancia del citado Mola en Pamplona le brinda la oportunidad de establecer un estrecho contacto con los carlistas navarros, llegando a un acuerdo sobre la participación de éstos en el alzamiento tras no pocas y muy laboriosas negociaciones. Entrado ya el mes de abril. Mola comienza a difundir sus Instrucciones reservadas, en las que, un tanto atropelladamente, va dando a conocer cómo piensan proceder los conspiradores cuando se produzca el levantamiento. En una de tales Instrucciones considera Madrid como una plaza perdida de antemano. En otra había del establecimiento de un Directorio Militar, sustitutivo del régimen parlamentario constitucional, lo que le empuja a entrar en fricción con los tradicionalistas que le han ofrecido su apoyo, pues éstos aspiran al inmediato restablecimiento de la Monarquía legitimista. En el mes de junio el aludido Mola trabaja incansablemente y consigue nuevas e importantísimas adhesiones, tales como las de los generales, considerados fieles a la República, Gonzalo Queipo de Llano y Miguel Cabanellas —inspector general de Carabineros y jefe de la V División Orgánica, respectivamente—, así como la de la Marina de guerra, la de las guarniciones de África y la de Falange Española de las JONS. A finales de dicho mes de junio, Franco, que por todos los medios trata de evitar una confrontación armada —es prácticamente el único general conspirador que considera el golpe de estado como el último procedimiento utilizable para restaurar el orden alterado—, dirige una carta al ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, en la que, entre otras cosas, le dice: «... Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que consideraría una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del Ejército tienen la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe... Faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones; prestan un desdichado servicio a la Patria quienes disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la oficialidad, haciéndoles aparecer como símbolos de conspiración y desafecto... Los escritos que clandestinamente aparecen con las iniciales de UME y UMRA son síntomas fehacientes de su existencia y heraldo de futuras luchas civiles si no se atiende a evitarlo, cosa que considero fácil con medidas de consideración, ecuanimidad y justicia... No le oculto a V. E. el peligro que encierra este estado de conciencia colectivo en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la Patria... Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la disciplina militar, que V. E. puede fácilmente comprobar si personalmente se informa de aquellos generales y jefes de cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en contacto y se preocupen de los problemas íntimos y del sentir de sus subordinados...» Dada la premiosidad con que se lleva a cabo la preparación del golpe, que corre por cuenta casi exclusiva del tantas veces citado Mola, y de lo que en gran parte hay que culpar a las continuas desavenencias de dicho general con los gerifaltes carlistas, la fecha del alzamiento sufre diversos aplazamientos, fijándose por fin la del 17 de julio en África y la del 18 en la Península, aunque luego los acontecimientos obligarán a regirse por otros calendarios. No fue, pues, el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo —como se ha dicho tantas y tantas veces— el factor desencadenante de la sublevación que terminaría en guerra. La sublevación venía gestándose desde meses atrás. Dicho crimen fue, en todo caso, un elemento de aglutinación de criterios, pero no otra cosa. En sentido parecido al aquí expuesto se pronuncia el historiador Luis Romero en «El fracaso del alzamiento» —(La guerra de todos, escrita y dirigida por Mateo Madridejos, El Periódico de Catalunya, Barcelona, 1986)—: «Creen todavía algunos que la conspiración militar se hallaba perfectamente organizada y contaba con apoyo muy mayoritario dentro del Ejército. No era así. El triunfo electoral del Frente Popular decepcionó y alarmó a las derechas por razones ideológicas y económicas y contrarió y puso en guardia a numerosos militares por motivos obvios, agravados por el hecho de que la principal bandera de la propaganda había sido la reivindicación de la revolución asturiana de 1934. La actividad conspirativa verdadera se iniciaría en marzo cuando Mola y Franco, con motivo de sus traslados, coincidieron en Madrid con Varela. Orgaz, Fanjul, Villegas y algún otro jefe. Encargaron a Mola, destinado en Pamplona, que tanteara los ánimos de aquella guarnición para conocer la postura del cuerpo de oficiales, y hiera haciendo lo propio con otras guarniciones. Dos casos se Consideraban para que el Ejército se decidiera a dar un golpe de fuerza: entrega del poder a Largo Caballero o posibilidad de gobierno comunista. Confiaban en respuestas afirmativas muy mayoritarias. como casi unánimes fueron las reacciones en octubre de 1934. Los primeros pasos de Mola serían lentos y, a medida que la situación política iba crispándose y deteriorando el orden público, fueron olvidándose los primitivos supuestos por culpar al Frente Popular de encaminar a la nación a la dictadura del proletariado. Impulsada por la dinámica de los hechos, por los generales más reaccionarios y por los jóvenes oficiales de la Unión Militar Española (UME), la conspiración desembocaría en el único propósito de implantar una dictadura que arrojara del poder al Frente Popular. Se proponía Mola captar el mayor número de seguidores entre los mandos orgánicos y los que tenían tropas a sus órdenes, para facilitar lo cual eludía definirse sobre la futura forma de gobierno, que de inmediato por lo menos no pensaba cambiarse. Le interesaban por igual republicanos y monárquicos, y los que ocupaban mandos solían ser de los primeros. Le constaba el apoyo de los políticos de derecha y conectaba con ellos lo menos posible y de forma indirecta. Dos formaciones juveniles podían colaborar con eficacia: la de Falange y los requetés carlistas. Jefe, más honorario que efectivo, de la proyectada sublevación era el general José Sanjurjo, adscrito a la extrema derecha y exiliado en Lisboa.» Y prosigue pocas lineas después: «El asesinato de José Calvo Sotelo, jefe de la minoría monárquica en el Congreso, y las circunstancias que lo rodearon, produjo un movimiento emocional en la derecha y en el centro no integrado en el Frente Popular. La exaltación resultaría favorable a los designios de Mola al inclinar a militares indecisos a tomar partido, y a que los carlistas, con quienes andaba en conflicto, llegaran a un acuerdo con él. Francisco Franco, comandante de Canarias, que consideraba improcedente sublevarse, se resolvió a levantar las islas y ponerse al frente del ejército de Marruecos. La Guardia Civil y la de Seguridad y de Asalto, bien pertrechadas y entrenadas, decidirían en algunas ciudades la suerte en favor del bando al cual se sumaron. En Barcelona y como consecuencia en toda Catalunya, gobernada por la Generalitat, su actuación y el apoyo armado de los anarcosindicalistas fueron resolutivos. Militares y escasos falangistas se lanzaron a la aventura en Madrid en minoría y faltos de organización. Sólo una parte de la guarnición se sublevó, y el Gobierno, además de las fuerzas de orden público y la acción de militares leales, contaba con la masa combatiente de socialistas y comunistas. Navarra, Burgos, Valladolid, y salvo Santander, toda Castilla la Vieja y León quedaron en poder de los rebeldes, igual que Álava y Aragón. Se impondrían asimismo en Galicia. la ciudad de Oviedo, y por obra de audacia del general republicano Queipo de Llano, en Sevilla, Granada, Córdoba y Cádiz. En amplias zona de estas provincias y en Jaén, Almería y Málaga, el Gobierno, que dominaba en Murcia, Castilla la Nueva, excepto el enclave de Toledo, quedó amo de la situación con el apoyo de las milicias obreras. Lo mismo ocurrió en Castellón y Alicante, y poco después en Valencia. Cáceres se inclinó por los rebeldes, Badajoz por los gubernamentales. Se incorporaron al alzamiento las Baleares, y al bando contrario se inclinaron Vizcaya y, vencida la rebelión en San Sebastián, la mayor parte de Guipúzcoa, que no tardaron en constituirse en gobierno autónomo de Euzkadi. En las primeras semanas se operaron algunos reajustes territoriales (Huelva de un lado, y Albacete, Mahón y parte de las provincias aragonesas hacia los gubernamentales). Tanto el Gobierno, que dispuso de la mayoría de la escuadra, donde se produjeron sangrientos choques, y de la aviación, como por parte de los mandos rebeldes, se advirtió que estaba iniciándose una guerra civil y que precisaban con extrema urgencia armamento, aviones, y munición en abundancia. El Gobierno recurrió primeramente a Francia, y en seguida a los mercados internacionales; posteriormente su principal proveedor sería la URSS. Con los sublevados colaborarían Italia y Alemania. Ni uno ni otro de los bandos que estaban configurándose creyeron que la contienda iba a ser tan larga y destructiva. Confiaban en aplastar al enemigo en semanas o meses. No lo lograrían.» Según estimaciones que merecen crédito, las fuerzas militares con las que inicialmente contó la República en la Península se elevaban a unos 50 000 hombres, mientras que los rebeldes no pasaron de 46000. Pero estos últimos dispusieron desde el primer momento de los 47000 que, aproximadamente, constituían el ejército de África. Las fuerzas de Orden Público —Guardia Civil, Guardia de Asalto, Guardia de Seguridad y Cuerpo de Carabineros—, que en total sumaban poco más de 60000 hombres, se alinearon en un cincuenta por ciento en cada uno de los bandos. A pesar del carácter eminentemente militar del golpe, los generales sublevados fueron una minoría —sólo tres, Cabanellas, Goded y Franco, tenían mando superior sobre grandes contingentes de tropas—, permaneciendo al lado de la República un numeroso contingente que ésta no supo o no quiso aprovechar. La oficialidad, en cambio, fue más proclive al alzamiento, y de los 16 000 oficiales que, poco más o menos, se hallaban en activo, sólo un máximo de 3500 permaneció leal al Gobierno. V. Mola Vidal, Emilio.

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