Duque de Alba (1878-1953)

Emparentado desde la cuna con la Casa Real británica y contrario al republicanismo, es el hombre perfecto para Franco, que necesita obtener, aunque sea de manera oficiosa, el reconocimiento del Gobierno inglés

El decimoséptimo duque de Alba, don Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, es nombrado agente oficioso del Gobierno de Franco en Gran Bretaña el 14 -día 16 según otros autores- de noviembre de 1937, convirtiéndose en embajador poco después del final de la Guerra Civil en abril de 1939.

Nacido en Madrid en 1878 y emparentado desde la cuna con la Casa Real británica, cursa parte de sus estudios en Reino Unido y se licencia en leyes por la Universidad Central de Madrid. En 1930 entra en el Gobierno conservador de Berenguer, sucesor de Primo de Rivera, como ministro de Instrucción Pública, cargo que abandona para ocupar el de ministro de Estado.

En el momento de la proclamación de la Segunda República, abandona España y se exilia en Londres, donde funda con Juan de la Cierva y el corresponsal de ABC, Luis Bolín, la asociación Los Amigos de España, organización encargada de promover el antirrepublicanismo y que cuenta con el apoyo de los círculos del conservadurismo británico. Desde allí, en julio de 1936, se adhiere al alzamiento militar.

Las relaciones entre Inglaterra y el bando sublevado nacen de la necesidad de legitimidad que busca el incipiente Régimen desde el comienzo de la Guerra. Para Franco, el hecho de que Gran Bretaña reconozca a su Gobierno, aunque sea oficiosamente, supone un gran avance en el terreno del reconocimiento internacional, ya que se trata de una potencia decisiva a la hora de decidir la posición occidental ante la Guerra española y el Tratado de No Intervención. Sin embargo, el Gabinete Diplomático de Franco, dirigido por José Antonio Sangróniz, no logra una respuesta de la diplomacia británica hasta noviembre de 1937.

Se establece en esta fecha un "Acuerdo de Intercambio de Agentes" entre Londres y Salamanca, por el que se permite, además, el establecimiento de una serie de subagentes en algunas ciudades importantes tanto en la zona nacional española como en las islas británicas. Sin embargo, en palabras del embajador británico en España, Sir Henry Chilton, "el Gobierno de Su Majestad no querría contemplar, por supuesto, la recepción de un agente de Su Excelencia el Generalísimo en Londres como constitutivo de un reconocimiento oficial y no quisiera garantizar o esperar que fuese dado estatuto diplomático a los agentes". A pesar de ello, el agente designado tendría acceso al Foreign Office y derecho a protección oficial y a comunicaciones confidenciales con sus subagentes.

La situación del agente español en territorio inglés sería complicada, ya que darle un trato semejante al del representante diplomático de la República hubiera sido inadmisible puesto que la sublevación militar aún no estaba legitimada internacionalmente. Por eso el Gabinete Diplomático decide nombrar para el cargo al duque de Alba, el cual mantiene importantes contactos y amistades entre la clase dirigente, y quien reconoce que "cuando es menester tener acceso directo al Gobierno británico lo tengo, pero no oficialmente, sino como resultado de mis viejas amistades en el país". El resto de miembros del intercambio de agentes comerciales son José Fernández de Villaverde como secretario; Luis Martínez de Irujo como subagente encargado del consulado general en Londres; Emilio Núñez en Newcastle-on-Tyne; Luis de Olivares en Southampton; Eduardo Danis en Cardiff, Ignacio de Mugurio en Liverpool y Ramón Padilla en Manchester.

Sangróniz, mediante un telegrama enviado al duque de Alba el 6 de noviembre de 1937, le da a conocer las materias que ha de tratar con el Gobierno inglés, entre ellas la importancia del reconocimiento de los derechos de los beligerantes basando sus razones en hechos aceptados por Gran Bretaña en otras guerras civiles, y el embargo de los bienes sacados de Bilbao y otras ciudades de la España republicana.

La cuestión más difícil que afronta por tanto el duque de Alba en estos meses es lograr el reconocimiento, que no era más que oficializar una situación que se afianzaba día a día. Sus gestiones logran que en mayo de 1938 el Gobierno británico ya reconozca un Ejecutivo de la República española, como gobierno de iure en España, y un Gobierno Nacional como gobierno de facto sobre la mayor parte del territorio y que no se subordina a ningún otro estamento.

Asimismo, el duque de Alba recibe órdenes de Francisco Gómez Jordana, ministro de Exteriores de Franco, para que denuncie las violaciones de los acuerdos de No Intervención por parte de Francia, país que permitía el paso por sus fronteras tanto de hombres como de material de guerra procedente de Europa, para el aprovisionamiento de la República.

Así, ante el Plan de No Intervención, el duque propone plantear temas que no impliquen una negativa en redondo ni de Francia ni de la URSS (más cercanos al bando republicano) para que la posición favorable de Gran Bretaña dispusiera de su lado a otros países como Alemania, Italia y Portugal.

Jacobo Fitz-James Stuart volverá a cobrar especial protagonismo ante el inminente estallido de otro conflicto a nivel europeo en septiembre de 1938, el de la región checa de los Sudetes, que habría supuesto un posible ataque de tropas francesas a la zona de Cataluña y al Protectorado de Marruecos, al que el Ejército nacional no podría hacer frente. Tras sondear al Foreign Office sobre esta posible eventualidad, Burgos redacta una declaración de neutralidad que dejaría a la recién nacida España nacional al margen de un posible enfrentamiento entre potencias europeas. Como resultado de esta decisión, se otorga carta legal al régimen de Franco en marzo de 1939.

El Duque se encarga también de mantener relaciones periódicas con el grupo de periodistas y políticos denominados Fríends of National Spain, cuyo cometido es proporcionar datos a los parlamentarios para los debates que se celebran sobre España o bien para hacer propaganda del régimen franquista en los medios de comunicación.

El que fuera padre de la actual duquesa de Alba figura en 1943 entre los firmantes de una petición a Franco para que restaure la Monarquía, lo que le aleja paulatinamente del Régimen. Durante la II Guerra Mundial, el duque de Alba se convierte en la pieza clave para el mantenimiento de las relaciones hispano-británicas y, a pesar de la presión de elementos germanófilos y de su monarquismo declarado, continúa al frente de la embajada en Londres hasta 1945. Desde entonces y debido a su pasión por los temas históricos, preside la Real Academia de la Historia y publica varios libros hasta su fallecimiento en 1953.