Oficina judicial creada por el Decreto 55 de 1 de noviembre de 1936 que tenía por objeto, mediante la instrucción, fallo y ejecución de los correspondientes procesos, llevar a cabo legalmente la represión nacionalista en las ciudades y pueblos que a lo largo de la contienda iban ocupando las fuerzas rebeldes, sirviendo como un instrumento de control de los territorios ganados al enemigo. Los militares sublevados pensaron que para primeros de noviembre del 1936 estarían ya instalados en la capital de España, por ello, Franco suscribió en Salamanca el decreto para la formación de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, cuya terminología se mantuvo en años posteriores a la terminación de la contienda y que al parecer fue inspirada por el asesor jurídico de Franco el comandante Martínez Fuset.
Tras la ocupación de una localidad o un territorio la Auditoría se
establecía en él para llevar a cabo una investigación encaminada a
identificar a los militares, políticos y activistas del bando
republicano y averiguar sus actuaciones en el periodo anterior a la
conquista. Para ello contaba con un Servicio de Información encargado de recopilar
datos que después proporcionaba a los tribunales militares y las demás
autoridades que lo solicitasen.
Los máximos resonsables de la Auditoría eran Ángel Manzaneque Feltrer y Antonio Izquierdo Curt, ambos del Cuerpo Jurídico-Militar, además de los jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que se habían sublevado contra República y de otros militares retirados por diversas causas, colaboraron numerosos jueces, magistrados, fiscales, abogados, etc., que se hallaban movilizados por razón de edad que se habían incorporado al bando insurrecto voluntariamente.
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